Alejandro Álvarez Gallego
Rector
Universidad Pedagógica Nacional

La reforma a la educación superior necesita nuestra inteligencia social

En días pasados, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a los jóvenes para que organizaran asambleas estudiantiles y participaran del debate que ha de conducir a la reforma a la educación superior en Colombia. Esta convocatoria resulta oportuna para mejorar los índices de gobernabilidad afectada por cuenta de los escándalos que, algunos medios de comunicación, han producido movidos por intereses políticos claramente desestabilizadores. Más allá del aporte coyuntural que la juventud le pueda hacer al Gobierno del Cambio, este llamado hace parte de una promesa de campaña que no se puede aplazar más. La reforma de la Ley 30, que rige desde 1992 los destinos de la educación superior es una necesidad urgente, si queremos superar la forma inequitativa como se distribuyen las oportunidades de estudio, de vida y de futuro que se les ofrece a las nuevas generaciones.

Desde el 2010, durante el primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se viene hablando de reformar la Ley 30. En ese momento, lo que se quiso fue afinar el modelo que entendía la educación superior como un sistema al servicio exclusivo de la productividad económica, regulado por el mercado. Se planteaba entonces, que el conocimiento era una mercancía determinante para aumentar los niveles de competitividad en el intercambio económico global. Siendo así, las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias (IES), entrarían a hacer parte del circuito en el que se generaría renta y, por lo tanto, tendrían que estar sometidas a las duras condiciones de la competencia propias del mundo empresarial.

Por eso se declaraba en dicha propuesta de reforma que las IES eran instituciones con ánimo de lucro, lo que no suponía la privatización de todas la IES, sino su funcionamiento en clave de su aporte a la reproducción del capital. La manera como los últimos tres planes de desarrollo entendieron la educación, dejaba ver cómo se estaba afinando esta concepción.

La reacción del movimiento estudiantil y profesoral, especialmente en las universidades públicas, fue contundente, y se le recuerda por su capacidad de articulación alrededor de lo que se conoció como MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil). Desde entonces se ha seguido insistiendo, en las calles y en los campus universitarios, en la necesidad de producir reformas de fondo al Sistema de la Educación Superior. Lamentablemente, el problema se ha focalizado, por su urgencia, en los temas de financiamiento, cobertura y los mecanismos de elección del Gobierno Universitario.

El llamado del presidente de la república es una oportunidad para volver a los debates profundos que se dieron en el año 2011, cuando se rechazó de manera contundente el proyecto que el gobierno de entonces presentó al Congreso. Pero no basta con la movilización estudiantil, es necesario convocar a todos los actores interesados, entre ellos a la academia, lugar en el que habita el pensamiento crítico, que nos puede aportar en temas cruciales como:

fundamentos y objetivos de un sistema de educación superior para el siglo XXI, la sociedad del conocimiento, la justicia y la igualdad;
las tendencias que rigen las reformas educativas en el mundo;
las formas alternativas que existen para organizar los modos de gobernanza de las IES;
el concepto de autonomía y sus diferentes acepciones;
la articulación de las políticas asociadas, que en nuestro caso tienen que ver con el Sistema Universitario Estatal (SUE), sus posibilidades y su papel, con Min Ciencias, con el ICFES, con el ICETEX, con el Consejo Universitario Estatal (CESU), la educación media, el aparato productivo;
el lugar del bienestar universitario como condición para el mejoramiento continuo de las tareas misionales;
los sistemas de control a las finanzas de las instituciones públicas y las privadas, con sus diferencias;
los modelos de manejo presupuestales;
la eficiencia y racionalidad administrativa en función de la academia;
los sistemas integrales de gestión;
el llamado sistema de aseguramiento de la calidad y la posibilidad de transitar hacia un sistema de fomento;
los marcos normativos y los flujogramas que armonizan y simplifican la gestión;
las nuevas formas de proyección social y su relación con las actividades de extensión.

Y habría dos temas igualmente especializados que atravesarían estas discusiones: i. El peso ponderado que debe tener la educación técnica y tecnológica, históricamente empobrecida y marginada de los debates profundos sobre la educación superior. ii. El carácter público del sistema de educación superior que brinde la posibilidad de una reforma constitucional que declare la educación superior como derecho fundamental y permita avanzar hacia la gratuidad universal.

Como vemos, son temas de hondo calado que ameritan también el concurso de otros actores de la sociedad, empezando por organizaciones indígenas, campesinas y populares, por pequeños, medianos y grandes empresarios, por la iglesia, juristas y por supuesto el Congreso de la República.

Son temas muy especializados, pero también de altísimo interés social; sobre ello hay literatura suficiente, expertos e ideas que se pueden recoger en un debate metodológicamente organizado, con mesas de trabajo, con moderadores, relatores y por supuesto con un cronograma que garantice llegar a buen puerto en un tiempo prudente.

Es tiempo de pensar con cabeza fría, no es tiempo de divisiones y críticas inoportunas, es tiempo de colaborar; lo que está en juego no es poca cosa. Juntar los esfuerzos de la sociedad y el Estado, moderados por equipos capaces y con experiencia en construcción participativa de políticas públicas, es lo que podemos llamar inteligencia social. La educación superior así lo reclama.

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